Las audiencias

La Mesa de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos que acompañan a la familia Basaldúa en el juicio por el femicidio de Cecilia, realiza un repaso por las 11 audiencias realizadas en los Tribunales de Cruz del Eje antes de la audiencia en la que se reanuda el proceso.

El próximo 1ero de julio es la fecha estipulada para finalizar el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Un juicio que comenzó plagado de cuestionamientos sobre la investigación llevada adelante por la fiscal Paula Kelm y la misma elevación a juicio. 

Desde la fecha de su inicio, el 2 de mayo, hasta el último día de audiencias, el pasado 10 de junio, las 11 jornadas de testimoniales profundizaron los cuestionamientos hacia una instrucción que acusa a un único responsable del femicidio, Lucas Bustos, en base a una supuesta autoinculpación no registrada en ningún acta, y recordada confusamente por los principales testigos de la misma.

El juicio, de acuerdo a las previsiones del poder judicial, debería haber terminado hace semanas, pero ha tenido que continuar debido a la irrupción de nuevos testigos, con ineludibles pruebas desestimadas en su momento por la fiscalía de instrucción.

Un repaso por los aspectos más importantes de las audiencias llevadas a cabo en los tribunales de Cruz del Eje permite conocer los contradictorios fundamentos de la investigación de Kelm, sus vacíos, los relatos que se presentan en lugar de las pruebas y la arbitrariedad con la que se maneja el tribunal.

Día 1 (2 de mayo): Un juicio sin pruebas 

El primer día, el fiscal Sergio Cuello anunció ante el jurado popular y el resto de las partes que había decidido apartar a uno de los jurados antes de iniciar el juicio porque éste era policía. Argumentó, en ese sentido: “Esta causa tiene muchos policías como testigos”. Es que sobre los dichos de los policías descansa toda la prueba de esta causa: la supuesta autoinculpación de Bustos. Lo que no tuvo en cuenta es que el presidente del Tribunal, Carlos Escudero, también perteneció a la fuerza policial, entre 1981 y 1997, momento en el que fue pasado a Retiro Obligatorio con el rango de subcomisario.

El fiscal también explicó que no hay una prueba directa contra el imputado, sino indicios. Durante la jornada se incorporó a la causa un testimonio donde Lucas Bustos afirma que “nunca dijo ser el autor de la muerte de Cecilia”. Las conclusiones de la autopsia realizada al cuerpo sin vida de Cecilia tampoco permiten dar una fecha precisa de su femicidio: se estima entre el 5 y el 15 de abril de 2020. 

En esta primera audiencia declaró el padre de Cecilia, Daniel Basaldúa, quien se encargó de describir la capacidad de autodefensa de su hija: era cinturón negro en taekwondo y hacía defensa personal desde pequeña. Tanto Daniel como Susana Reyes, madre de Cecilia, pusieron en duda la eficacia y transparencia de la investigación llevada adelante por policías y fiscalía, y centraron sus cuestionamientos alrededor de Mario Mainardi, la persona que alojó a Cecilia en su casa antes de su desaparición. La línea de investigación planteada por la familia, basada en las comunicaciones con su hija y posteriormente con Mainardi, nunca fue tenida en cuenta por la fiscalía.

Pese a la fuerte exigencia social sobre el esclarecimiento de la verdad y el pedido de justicia por el femicidio de Cecilia, el acceso a la prensa fue obstaculizado por el poder judicial de Cruz del Eje durante esta primera jornada y las siguientes.

Día 2 (3 de mayo) 

Las médicas forenses pertenecientes a Medicina Legal, Elina Moretta y Victoria Kabadin Yonson fueron las primeras en llegar al lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Cecilia. Declararon que el cuerpo no tenía ningún rastro de mordeduras o ataques de alimañas de la zona, lo que resulta extraño si se sostiene que el cuerpo siempre estuvo a la intemperie en la zona del hallazgo, tal como plantea, sin evidencias claras, la investigación de la Fiscalía. Las médicas tampoco pudieron determinar si el cuerpo había sido trasladado o no a ese lugar.

Día 3 (4 de mayo)

En este día fue central la declaración de Walter Luna, arrendatario del terreno donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia. Cuatro días antes del hallazgo, buscando un animal perdido, pasó por ese lugar: “Estoy 100% seguro de que esa semana (la anterior al 25 abril) no había nada”. El testimonio de Luna también fue clave en relación al estado del cuerpo, ya que aseguró que “con tres días que un animal esté muerto, te lo comen entero los pájaros negros”. El conocimiento de los baqueanos de la zona, indicado como fundamental por los especialistas forenses, tampoco se tuvo en cuenta en la hipótesis de la Fiscal Kelm. El doctor Moisés David Dib, jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, también declarará que no se puede descartar la posibilidad de que hayan trasladado el cuerpo al lugar donde fue hallado desde otro lugar.

Adrián Aldecoa, el primo de Cecilia, declaró que el día 5 de abril, último día que se la vio con vida, ella envió un mensaje diciendo: “Primo, vienen por mí”. El mensaje del primo de Cecilia se marcó leído el recién día 8 de abril. El teléfono celular de Cecilia quedó durante esos días en la casa de Mario Mainardi.

Día 4 (5 de mayo)

Jornada en la que declaró Viviana Juárez, conocida en Capilla del Monte como “la Rasta”, también conocida como “Negra” o “Claudia” (sic). Su relato es llamativamente coincidente con el que dará Mainardi sobre esos días que compartieron los tres juntos. La declaración de la Rasta es divergente a la de Mainardi en un punto clave: recuerda que se despidió de Cecilia con un beso, que su comportamiento era el normal y que no la vio “brotada”.

En esta jornada también declaró Mario Mainardi, persona que fue puesta en duda por la misma Cecilia al enviarle a su hermano Facundo un mensaje pidiendo que averigüe quién era Mainardi, ya que ella pensaba que la estaba drogando. Mainardi es el único testigo del momento en que ella abandonó su casa.

En la declaración ante el jurado popular, Mainardi se mostró como una persona preocupada por Cecilia. Sin embargo, construyó simultáneamente un relato donde cuestiona  la forma de vida de Cecilia, sus creencias y a su familia, convirtiendo a la víctima en sospechosa, en responsable de lo sucedido. Mientras tanto, sigue sin explicación el porqué dejaría sin protección a alguien por quien se preocupaba y que según él se encontraba en un estado de vulnerabilidad (el “brote”). Además, Mainardi borró conversaciones de su celular, evidencia concreta y muy necesaria para aclarar su accionar en esta causa.

La abogada de la querella solicitó un careo entre Daniel Basaldúa y Mario Mainardi a fin de profundizar sobre información contradictoria sobre las condiciones en las que Cecilia se fue de su casa. A pesar de que tanto la fiscalía como la defensa y la co-querella estaban de acuerdo, el tribunal negó el careo. Luego de esta negativa y ante la pregunta de la abogada de Bustos a Mainardi sobre su relación con Cecilia, el juez desestimó en forma violenta y agresiva la consulta de la abogada y, sin mediar consulta a las partes por si tenían más preguntas, le pidió a Mainardi que se retire y dio por concluído el interrogatorio.

También durante esta extensa jornada dio su testimonio el Gabinete de Análisis de Comportamiento, una división de la Policía Judicial, integrado por la Licenciada Paula Rolando, Licenciada Belén Comes, María José Perez Braun y Chinelato. Este Gabinete tuvo la tarea de realizar una pericia psicológica post mortem, basada en una selección de parte de escritos de Cecilia realizado por la instrucción. Desde ese recorte, el gabinete concluyó que Cecilia presentaba factores de riesgo sumamente elevado: su carácter «muy sociable», «simpática», «hablaba con desconocidos», «comunicativa»; y por encontrarse en un lugar alejado. De esta manera, el informe fue claramente tendiente a revictimizar a Cecilia, construirla como una «mala víctima», co-responsable de su desenlace por su sociabilidad y el diagnóstico de supuestos «problemas mentales». Todas estas conclusiones están basadas en las pruebas limitadas por el expediente elevado por la fiscal Kelm, y en los dichos de Mainardi. Se evidenciaron conclusiones sin sustrato científico, que se construyen a medida del acusado. No podemos dejar de señalar el uso de lenguaje revictimizante hacia la víctima («Cecilia opuso resistencia, entonces hubo exceso de violencia que terminó en el asesinato»; «estaba loca»).

Los cuestionamientos al procedimiento de investigación, agregan ahora el informe de este Gabinete, del cual forma parte la Lic. Rolando, sancionada por el Colegio de Psicólogos de Córdoba por utilizar el inexistente Síndrome de Alienación Parental (utilizado por pedófilos para encubrir sus abusos) en un caso de abuso sexual hacia las infancias.

Día 5 (6 de mayo)

En esta testimonial el oficial Emanuel Alba Caleb debe responder por las cámaras de seguridad de Capilla del Monte. Afirmó que no se había encontrado nada, que habían buscado en todas las cámaras cercanas al domicilio de Mainardi y de la plaza. Caleb, en la anterior testimonial, había dicho que no había cámaras en la plaza. Ante la indagatoria, se corrigió diciendo que la cámara del banco solamente está enfocada hacia la esquina, por lo que no se pudo sacar nada, como tampoco de las cámaras de seguridad de los cajeros.

Caleb también estuvo presente en los dos allanamientos realizados en la casa de Mario Mainardi, y declaró que las pruebas de Luminol realizadas allí muestran rastros de sangre. La instrucción de Kelm nunca peritó a quién pertenecían las mismas. 

Día 6 (9 de mayo)

Durante la sexta audiencia declaró Diego Alejandro Bracamonte, quien actualmente es Director de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte, mientras que en el 2020 se desempeñaba como segundo Jefe del Departamento de Investigaciones de Punilla. Su testimonio resulta fundamental ya que él, junto a Zárate, eran quienes dirigían la investigación. Además, fue testigo clave de la supuesta autoinculpación de Lucas Bustos.

Bracamonte declaró que Mainardi fue considerado sospechoso “desde el primer momento. Habíamos ido como seis siete veces, se le allanó el domicilio”. Sin embargo, en aquel momento la fiscal les pidió que aguarden para avanzar con otra línea investigativa.

Entre las respuestas de las preguntas realizadas a Bracamonte, éste declaró que no recuerda el nombre de otras familias entrevistadas, que sólo recuerda la de Bustos. Resulta sorprendente que nunca hayan tomado declaración durante la investigación a Ricardo Raymundo Heredia, alias «Rey», el casero de “el Rancho” o la casa de piedra.

Al relatar el momento de la supuesta confesión, Bracamonte dijo que entró a la oficina donde estaba Bustos porque sabía que estaba “contando algo”: “Entré, Lucas Bustos tenía los ojos colorados como si hubiera llorado”, y agregó que, ante los supuestos dichos de Bustos en relación a Cecilia: “me enfurecí, le quería dar un beso, me pegó una cachetada y le apreté el cuello”. Una serie de reacciones al menos llamativa en un oficial de su rango.

El abogado querellante del Ministerio de Derechos Humanos, Gerardo Batiston, preguntó si había algún acta de la declaración de Bustos, a lo que Bracamonte expresó que “fue informal, una entrevista”. Ante la pregunta de si la fiscal Kelm le manifestó vía telefónica que Bustos debía ser interrogado en calidad de testigo o como entrevistado, Bracamonte titubeó y expresó que daba lo mismo.

Se le preguntó por qué tres personas llevaron adelante una entrevista cuando él mismo afirmó que tenía que ganar tiempo y recursos. Bracamonte respondió que estas personas tenían experiencia, que le “pareció lo correcto.” También se le consultó por qué la entrevista a Bustos se extendió por dos horas, si venían obteniendo respuestas banales, y el oficial respondió no saber los motivos. El testigo declaró que nadie dejó constancia de la entrevista a Bustos donde el imputado habría confesado: “No se labró ningún acta”. 

Ese mismo día declaró el subcomisario en el departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba, Sebastián Aiza, quien manifestó sus dudas ante el confuso procedimiento que culminó con el apresamiento de Bustos: “Nos dicen que hay directivas de la Fiscal de no entrevistarlo más a Mainardi”. Paralelamente, se enteró que hubo una orden de allanamiento en la casa de Bustos y que él mismo se preguntó “para qué si es un testigo”. Declaró que nunca tuvo acceso al sumario. Se informaban de la causa directamente con el comisario Bracamonte y el comisionado Ubaldini. Por otra parte, Aiza dijo que Bustos confesó a los 15 o 20 minutos de entrevista, mientras que Bracamonte manifestó que habían demorado dos horas. 

Otra importante testigo que habría presenciado el momento de la declaración de Bustos es Silvana Trepant, Sargento Ayudante del Departamento de Protección a las Personas. Durante la audiencia, declaró que al salir de la entrevista con Lucas Bustos, en la que supuestamente confesó ser el autor del femicidio, Arrieta ingresó a la oficina. La Dra. Pavón le leyó una parte de la declaración en Fiscalía ante una omisión de la testigo: en Fiscalía declaró que luego de que ella saliera de la entrevista a Lucas Bustos, entraron Arrieta y el subcomisario Zárate. La testigo en esta nueva testimonial dijo no recordar la entrada de Zárate. 

La Dra. Brandt pidió la nulidad a los testimonios del personal policial en relación a la entrevista en sede policial, entendiéndolos como totalmente irregulares. Argumentó que los entrevistadores fueron elegidos a dedo, cuando por el código de procedimiento, debe ser la policía judicial quien lleve adelante esta acción. Aclaró que las entrevistas están destinadas a menores de edad, a familiares de víctimas y en caso de violencia familiar. Por todo esto, pidió pruebas legales. El fiscal Cuello se opuso al pedido de la Dra. Brandt, mientras que la Dra. Pavón y el Dr. Batiston acordaron con el pedido. El tribunal rechazó el pedido de nulidad.

Día 7 (10 de mayo)

En esta jornada atestiguaron siete policías que transmitieron el desorden existente durante el operativo: entraban y salían de la comisaría y de las oficinas uniformados y de civil. No quedó registro de lo que les decían los entrevistados ese día, tampoco dejaron documentada  la “confesión” de Lucas Bustos.

En esa jornada el juez Escudero se dio a conocer al reprender violentamente a dos policías por la ropa que llevaban puesta. Ese mismo día trascendió que Escudero fue policía durante quince años. El dato no tendría importancia si no estuviera en cuestionamiento el accionar de los policías: únicos testigos que dijeron que el imputado Lucas Bustos había confesado su culpabilidad.

En esta misma jornada, atestiguó otro jefe de la investigación de la desaparición y el femicidio de Cecilia Basaldúa, Ariel Zárate. Este oficial se comunicó de manera frecuente con la familia Basaldúa durante la búsqueda de Cecilia. La familia sostiene que la pormenorizada información brindada a Zárate no figura en el expediente, como los mensajes que intercambió Cecilia con su hermano Facundo “donde decía que quería que lo investigaran a Mainardi. Mi hermana decía que la estaban drogando”. La testimonial de Ariel Zarate se realizó por videoconferencia desde Bouwer, ya que se encuentra procesado por violencia de género, incluyendo la privación ilegítima de la libertad a una menor.

Día 8 (11 de mayo)

El Dr. Battiston, de la Secretaría de DDHH, reclamó a Escudero, presidente del Tribunal, el hecho de que los testigos policías estaban buscando para citar a declarar a testigos que no pertenecían a la fuerza policial, y remarcó que los testigos debían permanecer separados.

En esta jornada testificó una mujer que había hecho una denuncia en el mismo horario que se consiguió la “confesión” de Lucas Bustos. Ella hizo referencia a la presión a la que era sometido el joven en otra oficina contigua al lugar donde ella denunciaba: “tu hermano está preso, ¿querés terminar igual?”. El Juez Escudero se limitó a preguntar -ante lo que podríamos considerar “apremios ilegales”-: “con qué intensidad le preguntaban al imputado?”

El testimonio de la perito psicológica Alejandra Larcher tampoco evidenció eficacia investigativa. Ella fue la responsable de la entrevista pericial a Lucas Bustos, cuyo resultado manifestó que posee un retraso mental debido a la poca estimulación que tuvo de su familia. La perito evaluó a Bustos sin conocer que hacía un año  y medio él se encontraba preso.

Ramón Ubaldini López fue otro esperado testigo de la fuerza policial por varios motivos. Por un lado, fue nombrado en el audio de la testigo “María” (quién denunció telefónicamente los hechos de la noche en la que desaparecieron a Cecilia, su audio fue desestimado). Por otro, fue el responsable de transcribir (a mano) las conversaciones entre Mario Mainardi y Viviana “la Rasta” Juárez. Y, por último, porque consta una llamada entre él y Mario Mainardi el día 9 de abril a la 1 am, día siguiente a la radicación de la denuncia de desaparición de Cecilia por parte de la familia. La abogada de la querella preguntó al testigo sobre el contenido de esa llamada y el Juez Escudero no lo permitió, invalidando de forma grosera e irrespetuosa a la abogada “porque no se está investigando la vida privada del policía que atestigua”.

Día 9 (12 de mayo)

Los relatos de los familiares de Cecilia aportaron una perspectiva muy diferente a la del “brote psicótico”, esbozada por Mainardi y los testigos de la fuerza policial. El testimonio de los cercanos a Cecilia exhibió cómo la fiscal de instrucción Paula Kelm había dejado de lado absolutamente todos los planteos de la familia -sustentados en comunicaciones concretas con la víctima- y sus fundadas sospechas sobre Mainardi. 

Guillermo Basaldúa explicó que durante el proceso judicial se dieron a conocer cosas de Cecilia, chats y mensajes “totalmente sesgados”, que mostraron una parte de su hermana muy alejada de la realidad. Soledad Basaldúa declaró que, una vez que apareció sin vida Cecilia, la fiscal Paula Kelm le dijo a su padre que en el Facebook había conversaciones de Lucas Bustos con su hermana. “Me metí en el facebook de Cecilia y no había nada”. Por su parte, Facundo Basaldúa manifestó que su hermana le había dicho que Mainardi “la estaba volviendo loca. Le hacía acertijos. Me lo decía por whatsapp”. El testigo afirmó que Cecilia, a fines de marzo o a principios de abril, “me pide que investigue a Mario Mainardi, que averigue algo de él”.

Durante el proceso de investigación contactaron a Facundo los jefes de dicha investigación: Zárate y Ubaldini López. “Me preguntaron cómo era mi hermana, si se drogaba, qué era lo que hacía, porqué estaba en Capilla del Monte. Me piden los mensajes, les pasé con toda la buena fe los chats personales que tenía con mi hermana. Le dieron a la Fiscalía lo que les servía a ellos. Omitieron todo el chat donde mi hermana habla de Mario Mainardi. Manipularon esos chats. Al día de hoy me siento incómodo ante todo el cuerpo policial. Desamparado. Desconfío de usted, que fue subcomisario, (señalando a Escudero) de cada persona con un arma”.

“Casualmente uno o dos días después que llegan mis padres -a Capilla del Monte- aparece el cuerpo de mi hermana y uno o dos días después aparece el presunto culpable”.

Una reconstrucción virtual del femicidio y las pruebas de ADN que contradicen la hipótesis del poder judicial.

La jornada también incluyó una reconstrucción virtual del femicidio de acuerdo a las hipótesis del poder judicial sobre la culpabilidad de Lucas Bustos. Estas hipótesis fueron negadas de manera contundente por las pruebas de ADN: no hay restos de material genético de Cecilia en Lucas Bustos, ni del imputado en el cuerpo de Cecilia.

La perito de la Secretaría de Derechos Humanos, Licenciada Bufalini, explicó que la reconstrucción virtual generada por la fiscalía llegaba a unas conclusiones que no coincidían con las pruebas. No hay elementos que comprueben la vinculación entre el imputado y Cecilia. “No puedo vincular el escenario. En este sentido, uno podría vincular a Bustos como a cualquier otro”.  

Las contradicciones entre los miembros del poder judicial siguieron evidenciándose cuando el Dr. Batiston dijo a Álvaro Zaragoza (personal dependiente de la policía judicial, sección de Desarrollo interdisciplinario, de Análisis criminal y tecnológico de la información) que las forenses oficiales explicaron ante el tribunal que el cuerpo también podría haber sido llevado hasta el lugar del hecho. Zaragoza afirmó que al momento de la reunión ellas dijeron que no. Además, las peritos oficiales dijeron que el agresor acomodó el cuerpo, contradiciendo al informe en que se asegura que “el agresor no tuvo conciencia forense porque dejó todo desordenado”. 

Día 10 (13 de mayo)

El día viernes 13 de mayo se realizó la inspección ocular al campo de Walter Luna, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Cecilia.

Luna explicó que los primeros oficiales que arribaron al lugar permanecieron a una distancia de no más de 2 metros del cuerpo. Su testimonio entró en contradicción con la de los oficiales de la Policía, quienes habían declarado que mantuvieron una distancia de más de 15 metros en esa oportunidad.

El recorrido desde la casa de Luna al lugar donde se encontró el cuerpo duró en total 2 h 30 min aproximadamente. Al descontar las paradas explicativas de Jaime y Luna, de acuerdo a las mediciones realizadas por instrumental de bomberos, se consignó como promedio del recorrido total el lapso de una hora, lo que disiente con lo declarado por las médicas forenses y oficiales de la policía que establecen un plazo de 2 hs y media para llegar. 

Día 11 (19 de mayo)

En este supuesto último día de audiencias, la abogada de la querella, Daniela Pavón aportó una prueba que volvió a evidenciar las irregularidades de la investigación, así como también permitió formular una hipótesis sobre el femicidio de Cecilia, muy diferente a la planteada por la fiscalía de instrucción y la mayoría de los testigos. Pavón dio a conocer una denuncia del 15 de mayo del 2020 -es decir, 20 días después de encontrar el cuerpo de Cecilia y posterior a la imputación de Lucas Bustos- realizada por los propietarios de una vivienda muy cercana al basural. Dichos propietarios, quienes no se encontraban en esa casa por el aislamiento decretado durante la pandemia, al regresar, encontraron violentada la cerradura de entrada y el candado. Al ingresar hallaron, entre otras cosas, un colchón con sangre. Esto fue denunciado en la comisaría de Capilla del Monte, que le restó importancia y no se consideró su inclusión en la causa. 

Además, durante este mismo día se agregaron los testimonios de tres policías provenientes de Carlos Paz, asignados para relevar datos. Tanto Orona Arrascaeta, Vergara e Iglesias coinciden en el nerviosismo de Mainardi las cuatro veces que lo entrevistaron. De acuerdo al testimonio de Orona Arrascaaeta, Mainardi se había angustiado, entrando en llanto y diciendo que le echaban la culpa a él, que estaba cansado. “Estoy nervioso, siempre me echan la culpa a mí, como si yo le hubiese dado un golpe a esa chica”. El testimonio de Orona Arrascaeta es coincidente con el de Iglesias en este punto: Mainardi parece saber con anterioridad a la autopsia, e incluso a que se encontrara el cuerpo de Cecilia, que ella había sufrido un golpe. Los testigos coincidieron en que, mientras estuvieron esos días haciendo las entrevistas en Capilla del Monte, nadie nombró a Bustos.

Otro testigo fue Adrián Luquez, quien en el año 2020 fue comisario de Capilla del Monte y actualmente es paramédico en San Luis. El testigo explicó que no recuerda bien lo ocurrido ya que ese año estuvo trabajando, meses antes de la desaparición de Cecilia, en la búsqueda de Mariela Natalí, la mujer santafesina de 44 años que fue vista por última vez el 4 de febrero de 2020 en Capilla del Monte. Su cuerpo fue hallado sin vida el 18 de febrero en un arroyo de esa localidad. Desde la Mesa encontramos alarmante las similitudes de su caso con el de Cecilia. Otra mujer desaparecida en Capilla del Monte, otro cuerpo hallado en un arroyo, apenas unos meses antes.

El siguiente testimonio fue aportado por Elbio Antonio Agüero, policía actualmente retirado que participó en la búsqueda. Afirmó no recordar que hayan nombrado a Lucas Bustos durante la búsqueda.

El octavo y último testimonio fue el de Cintia Verónica Castaño, abogada y detective. Hace seis años forma parte del Poder Judicial y trabaja en la Dirección de Investigación Operativa. En relación a Mainardi, Castaño dijo que siempre estaba tranquilo, “no sentía ningún tipo de culpabilidad”. El relato de Castaño se contradice con el relato de los tres agentes de la Policía Barrial, quienes cuentan que lo entrevistaron cuatro veces, y estaba muy intranquilo. Sus comentarios, lejos de brindar pruebas de inocencia, se fundaban en valoraciones personales en relación a la persona de Mainardi. Descartaron la hipótesis que podría involucrar a Mainardi en la desaparición y/o asesinato de Cecilia, pese a reconocer que existen faltantes en las conversaciones del 6 de abril entre Mainardi y Juárez. La División consideró intrascendente lo que había borrado, que entiende “se debía más a una falla técnica”.

Se le preguntó si en las entrevistas surgió alguna vez el nombre de Lucas Bustos, lo que niega. Pero sí estaba al tanto de la denuncia de los vecinos, sobre el colchón y las sábanas con sangre que aparecieron cerca del basural. La detective ignora si lo cotejaron genéticamente y reconoce que no fue un hecho incorporado a sus informes.

Los datos del sumario: material genético que nunca se investigó

Después de la declaración de Castaño, se informó de la llegada del sumario pedido a Capilla del Monte por la querella de la familia.

La información provista por la querella de la familia Basaldúa sobre la denuncia del 15 de mayo de 2020 abrió una perspectiva que puede resultar reveladora para la causa. Pero además, exhibe las graves falencias de la investigación llevada adelante por la fiscal de instrucción Paula Kelm.

El sumario incluye una investigación sobre elementos encontrados en la vivienda vecina al basural, y muy próxima al lugar donde fue hallado el cuerpo de Cecilia, donde se constató la presencia de sangre y pelo humanos. La fiscal Kelm nunca pidió que se sometieran a pruebas de ADN.

Día 11 (10 de junio)

Se leen las conclusiones parciales de los informes técnicos elaborados hasta el momento por la Dra. Modesti junto a dos técnicas más de genética forense sobre el material genético aportado a partir de la última audiencia. El informe realizado es parcial porque aún faltan los análisis del pelo tomados como muestra en la vivienda. Se concluye que los perfiles de ADN tomados de las muestras de sangre, bolsa y nylon, de sangre humana positiva, arrojan una mezcla incompleta de los perfiles genéticos, uno de ellos se relaciona a un individuo masculino, pero las muestras no son aptas para el cotejo por su mal estado de conservación. Lo mismo ocurre con las muestras tomadas del auto así como de pelo en las sábanas. Dado que no fue factible identificar los ADN, se procedió al análisis del ADN mitocondrial, cuyos resultados estarán listos para la próxima audiencia del 1 de julio.

La abogada Daniela Pavón solicita que se examine de nuevo el lugar del hecho, se tomen nuevas muestras de todos los lugares con restos de sangre y se realicen pruebas de luminol. En ese sentido, Gerardo Battiston reconoce que la Instrucción ha sido sumamente deficiente y que: “Si no hubo la debida diligencia en la Instrucción y a la vista de la posibilidad de una pena de cadena perpetua, creemos que hay que agotar todas las instancias, tal como se expresó desde la querella”.

Por último, la abogada Brant se centra en el pedido de cese de la prisión preventiva de su defendido. Adhieren Pavón y Battiston al pedido de la defensa. Se resuelve el otorgamiento del cese de la prisión preventiva de Lucas Bustos, quedando citado para la próxima audiencia del día el 1 de julio.

Día tras día, la hipótesis de la Fiscalía de Instrucción fue evidenciando su inconsistencia y la manipulación en los hechos. No hay nada que permita vincular a Lucas Bustos con Cecilia: ni testigos, ni pruebas de ADN, ni rastros de conversaciones virtuales. Tampoco tiene fuerza la hipótesis de que el cuerpo sin vida de Cecilia haya estado en el lugar que fue encontrado: lo confirman peritos, forenses y lugareños. 

¿Qué permite sostener esa línea de investigación del poder judicial? Los testimonios del personal policial, mayormente el perteneciente a la región, no así los provenientes de ciudades más alejadas. Los informes de los peritos oficiales, basados en preconceptos de la personalidad “riesgosa” de Cecilia, que la describen como “mala víctima”, co-responsable de su muerte. Son testimonios que encajan perfectamente con el diagnóstico de “brote” al que llegó Mainardi, principal sospechoso de la familia Basaldúa. 

Mientras tanto, se han dejado fuera de la investigación los mensajes que envió la misma Cecilia a su familia, los mensajes borrados entre Mainardi y Juárez, y los rastros de sangre en una vivienda que se encuentra a cientos de metros del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Cecilia.

En el recinto judicial lo que sí quedó en claro es la ausencia absoluta de pruebas contra el único imputado, así como una serie poco clara de decisiones arbitrarias tomadas durante la investigación que no colaboraron para esclarecer el femicidio de Cecilia, además de la constante manipulación de los testimonios y hechos que se tomaron en cuenta.